Es incuestionable que el desarrollo urbanístico que han experimentado nuestros pueblos y ciudades en los últimos años ha sido uno de los motores de desarrollo del pais y la principal fuente de generación de riqueza y empleo en la economía española.
Esta "fiebre" por la construcción se ha dado sobre todo en las comunidades autónomas con litoral, que han aprobado para este año que ya acaba la edificación de 1.479.000 viviendas nuevas en sus zonas costeras, destacando que en lugares como la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía superan las 300.000 licencias de obra de viviendas de nueva construcción, mientras que Galicia roza esa cantidad.
Esta cifra supone que la construcción de viviendas en el litoral es este año más del doble que la del pasado y aunque no sea ésta la única circunstancia que pone de manifiesto el insostenible modelo de crecimiento urbanístico que actualmente tenemos, es altamente reveladora.
La comunidad valenciana y murciana son las regiones que menos cuidan su litoral, especialmente en cuanto a viviendas nuevas y construcción de puertos deportivos y campos de golf, añadiendo en Murcia la característica preocupante que supone la agresión a los espacios naturales protegidos que se da en esta región y los costes medioambientales que estas actuaciones lleva aparejado.
Canarias, Cantabria y Baleares tienen una menor cifra de agresiones pero sufren un grave deterioro del litoral, no sólo por la construcción de nuevas viviendas, sino también por la mala calidad de sus aguas, dado que en muchas de sus localidades de costa no hay depuración de aguas residuales.
Mientras que nuestro pais ha sufrido la peor sequía del último siglo hay comunidades que siguen empeñadas en convertirse en verdes praderas de 9 ó 18 hoyos cuando es un secreto a voces que detrás de la construcción de cada campo de golf se esconde una descarada operación de recalificación de terrenos y una jugosa operación inmobiliaria.
La cantidad de casos de corrupción urbanística que se repiten tanto en el litoral como en el interior del país, pone a las claras, entre el lamento general de los ciudadanos, que detrás de la construcción masiva, aparte de las ilegalidades que se pudieran cometer, está el afán especulativo, con beneficios para el que recalifica y también, cómo no, para el que construye; bastando la cita de casos como los de Marbella y Andraitx como dos exponentes de municipios muy turísticos del litoral donde se ha dado este perverso fenómeno y con sus respectivos alcaldes actualmente en prisión.
De los 8.000 kilómetros de litoral español, aún quedan 3.000 kilómetros sin deslindar y el 40% de nuestras costas no tiene una protección clara, cuando las previsiones de construcción de muchas regiones apuntan a que en varios años más del 50% de sus respectivas zonas costeras estará construida (ya lo está en más de un 20% a nivel general), el litoral español y por ende la ordenación del territorio en general está cada vez más alejada de un desarrollo sostenible que no podemos ni debemos permitir que continúe.
El nuevo Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía, conocido como POTA, viene a limitar el crecimiento urbano de los municipios hasta un 30% de la población existente para un periodo de 8 años e igualmente durante ese tiempo va a restringir el crecimiento del suelo urbanizable al 40% del municipio. Si extrapolasemos estas limitaciones legales que se darán a partir de ahora en la Comunidad de Andalucía a la legislación básica general del Estado daríamos eficaz carta de naturaleza en todo el pais a la única herramienta que tenemos para poner coto a tantos desmanes, la estricta aplicación de leyes urbanísticas hechas para beneficiar el interés general de los ciudadanos.
