No cabe duda que tras los resultados de las elecciones generales del 9 de marzo del año pasado se pone de manifiesto que el mapa político español se divide prácticamente de dos mitades. El PSOE, con un 43,6% de los votos obtuvo 169 escaños en el Congreso de los Diputados, por su parte el PP logró el 40,1% de las papeletas, lo que supuso 153 escaños para este partido. La diferencia entre ambas formaciones políticas se sitúa en 16 diputados, justo el mismo número que les separaba la legislatura pasada. El bipartidismo aparece, por tanto, plenamente consolidado.
Estos dos grandes partidos ser reparten la tarta y sólo quedaron dos pedazos pequeños para las fuerzas nacionalistas más grandes: PNV con 6 y CIU que suma 11 diputados. El resto del pastel son apenas trocitos que se desmigajan, en función de las circunstancias, en favor de uno u otro de los dos partidos mayoritarios.
Esta legislatura y con estos resultados sobre la mesa, está siendo marcada por las demandas nacionalistas, en las que el presidente Rodríguez Zapatero debe cumplir con el encargo de la mayoría de los españoles, que no es otro que sacar al país de la crisis económica, de gestionar eficazmente el nuevo orden estatutario y de articulación de políticas importantes para el país como son la igualdad de géneros, ampliación de los derechos civiles y libertades ciudadanas, o las políticas sobre inmigración y materia antiterrorista, en donde se debe poner en evidencia la responsabilidad política del principal partido de la oposición, afrontando el resto de la legislatura dispuesto a llegar a acuerdos sólidos con el Gobierno de la nación en políticas que habitualmente se califican de Estado.
El PSOE se verá, una vez más, obligado a pactar para trabajar a diario en el Congreso, con 169 escaños necesitará acuerdos políticos con otros grupos de la Cámara para sacar adelante sus propuestas en las votaciones. En el debate del Estado de la Nación de la semana pasada ya se llegó a esta cita sin la complicidad de los últimos socios presupuestarios (PNV y BNG), ni la comprensión de las formaciones catalanas (ERC, CiU e ICV), que están pendientes de su financiación autonómica, ni la teórica cercanía ideológica de Izquierda Unida, que sigue reclamando un giro a la izquierda.
Coalición Canaria, el BNG y UPN, que suman suman cinco diputados, sí han dejado ver en el debate del Estado de la Nación, su disposición a pactar con el PSOE siempre que se cumplan compromisos contraídos con sus respectivas comunidades (Canarias, Galicia y Navarra).
Se trataría por tanto y en resumen, de sumar voluntades y aunar esfuerzos para llegar a esa cifra mágica (176 escaños) que posibilite que los tres años de legislatura que quedan hasta los próximos comicios generales, se desarrollen en estabilidad parlamentaria, pudiéndose encauzar y llevar a la práctica con ello políticas y medidas necesarias que la difícil coyuntura actual nos exige. Es la clave y lo que el país necesita en estos momentos, en 2012 el pueblo soberano tomará de nuevo la decisión de a quien encomienda el gobierno los siguientes cuatro años.
